Empresarios demandarán al Estado colombiano por más de $117.000 millones debido a la licitación de pasaportes.

¡Alerta comunidad! Empresarios demandarán al Estado colombiano por más de $117.000 millones debido a la licitación de pasaportes. Pero atención, no se trata de británicos llamados Thomas Greg. La empresa en cuestión, Thomas Greg & Sons (TGS), fue fundada por Gregorio Bautista en 1960 y actualmente está en manos de los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista. A pesar de un oscuro historial judicial, han conseguido millonarios contratos con el Estado y han sido acusados de imponer condiciones favorables en licitaciones anteriores. La situación se agrava con la reciente decisión de declarar desierta la licitación ganada por TGS para imprimir pasaportes colombianos, lo que desencadenará una disputa legal de proporciones significativas. Según denuncias de otras empresas participantes, se impusieron condiciones que solo TGS podía cumplir, lo que sugiere un juego poco transparente en el proceso. El vínculo entre TGS y altos funcionarios del Estado colombiano es innegable. La empresa ha mantenido tradicionalmente conexiones estrechas con figuras políticas prominentes, incluso llegando a contar con ex presidentes en su junta directiva. Este entramado de relaciones ha facilitado la obtención de contratos millonarios, como los relacionados con la impresión de pasaportes y otros documentos de seguridad. Es importante destacar que TGS, a pesar de tener su sede en una isla inglesa conocida por sus ventajas fiscales, es propiedad de ciudadanos colombianos. Sin embargo, esta empresa no está exenta de controversias, ya que los hermanos Bautista, quienes la dirigen, tienen un historial judicial cuestionable. Algunos de ellos han enfrentado cargos por fraude y han cumplido condenas en el pasado, pero han logrado evadir completamente las consecuencias. Este caso no solo pone de manifiesto posibles irregularidades en el proceso de licitación, sino que también cuestiona la integridad y transparencia en la contratación pública en Colombia. La comunidad debe permanecer vigilante ante tales prácticas y exigir la rendición de cuentas por parte de las autoridades involucradas.